: Adriana Catalina Ortiz Serrano
: Particulares vinculados por la fuerza normativa de la moralidad administrativa
: Hipertexto S.A.S
: 9789587105377
: 1
: CHF 3.50
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: Allgemeines, Lexika
: Spanish
El servicio al Estado a travs del ejercicio de funciones pblicas antiguamente se identificaba como una actividad altruista por la cual algunos individuos desplegaban su virtud al servicio de los dem?s y dedicaban su trabajo y empeo a la consecucin de los fines de inters general. Era una actividad confiada a quienes demostraran la mayor reputacin, a personas honestas, con calidades y virtudes suficientes para contribuir al desarrollo, progreso y beneficio colectivos. Sin embargo, con el tiempo, pr?cticas contrarias a la integridad y al compromiso con el inters general, por quienes desarrollaban tareas pblicas, fueron mitigando esta concepcin. La apropiacin y el uso desmedido de recursos pblicos, el favorecimiento a terceros, el uso indiscriminado del poder, entre otros, advirtieron a la ciudadana la proclividad de quienes ejercen funciones pblicas -en provecho de su posicin privilegiada- a actuar en su propio beneficio, las implicaciones que estas actuaciones pueden acarrear no a unos cuantos, sino a la colectividad y la necesidad de establecer suficientes y eficientes mecanismos que permitan responder oportuna y contundentemente contra esas pr?cticas.El camino no ha sido f?cil ni certero, pues el ingenio de quienes consiguen defraudar a la ciudadana parece ser mayor de quienes buscan ponerles freno. No obstante, con el tiempo ha habido avances. En Colombia, por ejemplo, tiempo atr?s se determin que quienes cometan actos que atenten contra los fundamentos y fines de la funcin pblica, deban responder disciplinaria, fiscal e, incluso, penalmente. Pero esto no fue suficiente. Entonces, vino la Constitucin de 1991 y con sta, nuevas frmulas dirigidas a garantizar que las actuaciones de los funcionarios pblicos se orientaran a la consecucin del inters general, a permitir que la ciudadana participe activamente de los asuntos pblicos, intervenga en la vigilancia y control de quienes desempean funciones pblicas y propenda por la proteccin de los bienes e intereses comunes a todos y cada uno de los ciudadanos.As, la Constitucin de 1991 consagr diferentes principios que deben regir la conducta de quienes ejercen funciones pblicas, entre los que se encuentra el principio a la moralidad. Tambin, reconoci a la ciudadana la titularidad de derechos colectivos, uno de los cuales es el derecho a la moralidad administrativa, y estableci la accin popular como el mecanismo judicial procedente para su proteccin. De esta manera, en Colombia, se ha optado por criterios morales en aras de regular la conducta de los funcionarios pblicos, de garantizar que sus conductas se ajusten a derecho, y de proteger los intereses de la ciudadana del abuso inconmesurado del poder.