: Gerardo Hernández Rodríguez, María del Carmen Meléndez Arias
: Jubilación y amparo sociojurídico de las personas mayores
: Universidad Pontificia Comillas
: 9788484687290
: Biblioteca Comillas. Ciencias Sociales
: 1
: CHF 6.20
:
: Soziologie
: Spanish
: 152
: Wasserzeichen
: PC/MAC/eReader/Tablet
: ePUB
La problemática de la jubilación en la circunstancia histórica presente adquiere un singular relieve debido a las dificultades económicas de la coyuntura: crisis generalizada, alto índice de paro, baja natalidad, incorporación creciente de la mujer al trabajo extradoméstico, el fenómeno de la inmigración, el envejecimiento demográfico y el aumento de la esperanza de vida. El objeto de este trabajo es la valoración sociodemográfica de la ancianidad, así como el estado actual de las jubilaciones y las pensiones, las perspectivas futuras de las mismas y la percepción que la población en general y los jubilados actuales y los próximos jubilados en particular tienen de esta situación. Asimismo, se contempla el amparo sociojurídico para las personas mayores a través de las innovaciones legales y las soluciones propuestas para la protección de la incapacitación judicial. En nuestra sociedad, como exigencia social, el Derecho ha de procurar siempre el amparo y la protección del más débil, de quien, por diversas circunstancias, no es capaz de desempeñar plenamente las funciones de su condición de persona, tanto física como jurídica. Afectando a las personas de edad más avanzada, se constata una cada vez mayor dependencia y la familia sigue siendo la institución que asume, mayoritariamente, la responsabilidad y las cargas de esta dependencia. Ante esta realidad, las administraciones públicas han de establecer medidas legales y recursos sociales para la protección de quienes, en razón de sus diferentes niveles de dependencia precisen de ello. En este contexto, las personas han venido reclamando el derecho a ser dueñas de su futuro y a decidir sobre sus personas y sus bienes. Para dar respuesta a esta demanda nuestro ordenamiento jurídico ha desarrollado, en los últimos años, figuras y herramientas legales orientadas a la prevención de la autoprotección.

Gerardo Hernández Rodríguez es Dr. en CC. Políticas y Sociología. Profesor Titular de Universidad, Facultad de Socioloxía, Universidade da Coruña. Mª del Carmen Meléndez Arias es Dra. en Derecho y Máster de Envejecimiento y Atención Sociosanitaria a la Dependencia. Universidad Católica de Ávila, respectivamente.

PRÓLOGO

Por
Juan Díez Nicolás
Catedrático Emérito de Sociología, UCM

El envejecimiento de la población es un hecho, y un hecho difícilmente reversible en el corto y medio plazo, pues los fenómenos demográficos tienen consecuencias demográficas (y por ello también económicas, sociales y políticas) durante cerca de un siglo. La decisión de China en 1974 de permitir solo un hijo por pareja, al haber provocado un déficit de nacimientos femeninos debido a la preferencia por hijos varones, está dando lugar en la actualidad un grave problema de escasez de mujeres para millones de hombres en edad de buscar pareja, lo que está obligando a la importación de mujeres jóvenes que reduzcan ese déficit de oferta femenina. La baja fecundidad de España desde la década de los años ‘80 está provocando, junto al aumento del paro, un déficit de contribuciones a la Seguridad Social que, a su vez, hacen muy problemático el pago de pensiones, por disponer de un sistema de reparto y no acumulativo para el pago de pensiones.

El envejecimiento de la población española, y en general de las poblaciones europeas y de las sociedades más desarrolladas, es consecuencia del doble proceso de disminución de la fecundidad y de la mortalidad, es decir, del aumento de la esperanza de vida, no solo al nacer sino a cualquier edad.

Pero el envejecimiento de la población no es un problema social, como algunos argumentan, pues no es un problema que los seres humanos vivan más años y que no se mueran antes de los 30 años, como era habitual en las sociedades primitivas. El envejecimiento es un éxito de las poblaciones humanas, logrado a lo largo de siglos, un éxito además compartido, pues se ha logrado que las diferencias socio-económicas cada vez tengan menos poder explicativo sobre la esperanza de vida de todas las clases sociales, gracias al estado de bienestar y a la sanidad pública. En otras palabras, el problema es morirse, no vivir. El problema es que quienes tienen responsabilidades públicas no sepan “cambiar el chip” y sigan aplicando las mismas políticas sociales para una población joven que para una población envejecida. Ese es el verdadero problema, el de la rigidez de quienes tienen que tomar decisiones en nombre y para la sociedad, para los ciudadanos.

Por ello sorprende que muchos políticos y comunicadores sigan proponiendo medidas, a cual más imposible e inútil, para evitar el envejecimiento de la población (como si lo bueno fuera evitarlo, cuando es precisamente lo deseable). En primer lugar, los que proponen aumentar la natalidad para rejuvenecer la población. A esos preclaros