Introducción

En los últimos años del régimen franquista fue quedando cada día más claro que los ministros, procuradores y demás altos cargos partidarios de la evolución hacia un sistema democrático iban a imponerse, tras el fallecimiento del jefe del Estado, sobre los que propugnaban una imposible continuación del régimen surgido de la Guerra Civil.

Muerto Franco en noviembre de 1975, doce meses más tarde la inmensa mayoría del pueblo español (el 94,17%) aprobó en referéndum la reforma política propuesta por los gobernantes para establecer una nueva legalidad constitucional partiendo de la anterior —«de la ley a la ley» fue el lema de la Transición—, una de cuyas piezas fundamentales fue la reinstauración de la monarquía constitucional en la persona de Juan Carlos I, nieto del derrocado Alfonso XIII. La constitución de España como reino, tras el paréntesis abierto por la Segunda República, fue una decisión del régimen franquista en 1947. Y en 1969 Franco designó al príncipe Juan Carlos como su sucesor para cuando él faltase.

Pieza esencial del proceso de transición entre ambos regímenes fue la Ley de Amnistía de octubre de 1977, promulgada para allanar el camino hacia la reconciliación nacional mediante el borrón y cuenta nueva de todos los delitos de naturaleza política cometidos desde la Guerra Civil hasta aquel momento, lo que también incluyó los crímenes recientes de ETA y otros grupos terroristas de menor importancia.

Así transcurrieron tres décadas de relativa calma desde el punto de vista jurídico, ya que, por el contrario, desde el ideológico y el cultural la izquierda no cesó en su campaña de demonización del bando nacional en los terrenos interconectados de la política, la prensa, la televisión y el cine. Para ello se procedió a una paulatina eliminación de monumentos y referencias públicas de personas y hechos de dicho bando a la vez que al homenaje de los del bando republicano, así como a la creación de una nueva historia de buenos y malos sin causas, explicaciones ni matices, y de presencia creciente, respuesta silenciada e implantación dogmática.

El Partido Popular, ajeno a cualquier vínculo con partido alguno existente en 1936 —a diferencia del PSOE, de vida ininterrumpida desde entonces hasta hoy— pero siempre temeroso de ser acusado de filofranquista, nunca se opuso a estas medidas que fueron minando poco a poco el espíritu de la Transición y de la Constitución de 1978. E incluso colaboró con ellas: un caso de singular importancia fue la declaración condenatoria del alzamiento del 18 de julio de 1936 aprobada por unanimidad en el Congreso el 20 de noviembre de 2002, gobernando con mayoría absoluta José María Aznar. Aquella deslegitimación del régimen franquista no fue acompañada, sin embargo, ni por la deslegitimación paralela del golpe de Estado socialista de octubre de 1934, antecedente esencial de la guerra, ni por la de la deriva bolchevique del régimen republicano, que ahogó España en el caos a partir de las elecciones fraudulentamente ganadas por el Frente Popular en febrero de 1936.

Con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero en marzo de 2004 tras los sangrientos atentados yijadistas de Madrid, el proceso se aceleró: una de sus primeras decisiones al respecto fue el derribo de la estatua ecuestre de Franco presente en los Nuevos Ministerios madrileños junto a las de los dirigentes socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, que allí siguen a pesar de haber sido tan golpistas como Franco en su sangrienta intentona revolucionaria de 1934. La obsesión de la izquierda con las estatuas de Franco y otras referencias de su régimen ha sido justificada mediante la comparación con Alemania e Italia. El argumento consiste en que si todo recuerdo de los regímenes de Hitler y Mussolini han sido eliminados de las vías públicas de ambos países, lo mismo tendría que suceder en España con el régimen de Franco. Pero las diferencia entre ambos casos no son pequeñas. En primer lugar, porque mientras que Hitler y Mussolini perdieron su guerra, Franco ganó la suya, y desde los orígenes del mundo los que han erigido estatuas en su memoria han sido, como es lógico, los vencedores: todos los países del mundo están sembrados de los recuerdos dejados por gobernantes y guerreros victoriosos a lo largo de milenios. Y en segundo lugar, porque mientras que las actuales repúblicas italiana y alemana nacieron a partir de la eliminación bélica de los regímenes fascista y nacionalsocialista, la actual Monarquía española es consecuencia de la victoria de Franco sobre la Segunda República y continuación —«de la ley a la ley»— del régimen nacido a causa de aquella victoria. Por lo tanto, la explicación del mi